José Luis Saavedra Profesor en la UMSA

En apariencia, el MAS gobierna para los pueblos indígenas. Y, ¿en realidad?, para los agroempresarios. Y es este aserto –ciertamente atrevido– que queremos demostrar en el presente artículo. 

¿En qué términos se relaciona el gobierno masista con el agroempresariado? No hay espacio para una referencia amplia y profunda, limitémonos, pues, al evento más reciente, en y por el que se van a incluir 250 mil  hectáreas de soya para incursionar en la producción de biodiésel (cfr. “Evalúan incremento de producción de soya para biodiésel”, Página Siete, 13 febrero 2019).

¿Qué implica la aprobación de esta graciosa concesión al agroempresariado?: varias y complejas cuestiones. Digamos: la deforestación de grandes extensiones de bosques y selvas, así como la severa afectación al medioambiente, la biodiversidad y los ecosistemas.

El monocultivo de la soya es esencialmente depredador, destructor y devastador de la naturaleza. Más aún, como bien dice Codapma, el agua que consume es gratis y de paso la contamina, además de erosionar y desertificar los suelos (falta de humedad). A ello se suma la falta de rotación de cultivos y el uso y abuso de fertilizantes y herbicidas asociados precisamente a la soya transgénica.

¿Y cuál es la relación gubernamental con el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas? No es positiva,  sino todo lo contrario, tanto que una respuesta apropiada entrañaría referir el conjunto de las vulneraciones de derechos impunemente perpetradas por el gobierno del presidente Evo (cfr. “Diez sectores denunciaron ante la CIDH la violación de sus derechos”, Los Tiempos, 14 febrero 2019).

Por razones de espacio vamos a circunscribirnos a reseñar una problemática actual, la de la Reserva Nacional de Flora y FaunaTariquía, del departamento de Tarija, y la tenaz resistencia contra la actividad petrolera en su zona núcleo.

Sin hacer mayores referencias retrospectivas, digamos que el pasado reciente 24 de enero las empresas petroleras anunciaron que en 10 días iniciarían trabajos en la comunidad de Chiquiacá norte (provincia O’Connor), subcentral Tariquía, lo cual obviamente generó preocupación en los comunarios que se verían afectados, además de exigir los papeles que corroboren las supuestas licencias ambientales.

La subcentral de Tariquía se reunió de emergencia y emitió un importante voto resolutivo. La parte medular de dicho voto resolutivo muestra una postura firme y segura ante las empresas petroleras en el sentido de “continuar con la resistencia y rechazar contundentemente las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera por parte de las empresas petroleras en nuestro cantón de Chiquiacá, debido a la gran contaminación e impacto ambiental que éstas producen”.

Asimismo, se hicieron presentes los comunarios de la región que no estaban de acuerdo con la exploración y explotación petrolera y una comunaria de base lo expresó lúcidamente. “Como madre de familia lo que yo necesito es el aire puro para mis hijos, no  contaminación. Los dueños de la empresa petrolera se van a llenar de plata y nosotros qué vamos a recibir, contaminación. Yo no estoy de acuerdo con que entre la empresa, porque va a contaminar el agua. Mis vacas se van a morir, mis ovejas se van a morir, de qué voy  vivir, mis hijos de qué van a vivir. No estamos de acuerdo y vamos a luchar hasta el último momento”.   

El 5 de febrero, las representantes de Tariquía participaron en la Conferencia de prensa en radio Santa Cruz explicando la situación en Chiquiacá. 

Lourdes Zutara declaró que “el motivo de nosotros es denunciar los atropellos que está haciendo el Gobierno dentro del área protegida. Nosotros no estamos de acuerdo con que se lleve adelante la exploración petrolera allí. Y venimos, hace más de tres años, haciendo resistencia a este problema grande que nos afecta a nosotros y pedimos que respeten nuestra decisión y no nos maltraten así de esta manera. Nosotros estamos reclamando lo que está dentro de la Constitución, que nos respeten, que no vayan a violar nuestros derechos, porque nosotros cuidamos el agua, el agua es vida para nosotros”.

En esta situación de flagrante vulneración de derechos, la subcentral de Tariquía inició el bloqueo de caminos en apoyo a las tres subcentrales del cantón Chiquiacá, que se encontraban en emergencia por las amenazas de ingreso de las empresas petroleras. El 7 de febrero el bloqueo continuaba y la empresa petrolera Petrobras ejercía presión y atemorizaba para que se levantara el bloqueo. Al mismo tiempo circulaban rumores en el sentido que la Policía ingresaría con represalias.

Por último, el 11 de febrero los representantes de las comunidades del cantón Chiquiacá dieron a conocer el voto resolutivo emergente del Ampliado del Comité de Defensa de Chiquiacá, en el que se denuncia “el proceder ilegal y abusivo de la empresa Petrobras, la manera en como se reúnen separadamente con los dirigentes, los impactos ambientales que se generan a partir de las actividades hidrocarburíferas, como afectará a la vida de las personas (por la contaminación de las aguas)”. 

Y se resolvió lo siguiente:

“Rechazamos de manera rotunda el ingreso de cualquier empresa petrolera a nuestro territorio, debido al daño ambiental y social que estas actividades hidrocarburíferas conllevan  a largo plazo y que existe por demás experiencia en otros territorios indígenas”.

Las comunidades indígenas y campesinas cuestionan, pues, y resisten heroicamente la aprobación de los proyectos extractivistas de exploración y explotación hidrocarburífera en las áreas protegidas, porque estos planes ponen en riesgo la estabilidad ecológica y ambiental, por las características esencialmente depredadoras y devastadoras de la perforación de pozos petroleros.

Queda, pues, evidente para quién gobierna el presidente Evo y contra quién tienen que movilizarse y luchar los pueblos indígenas.