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Más de 120 jóvenes del SLIM UMSA llevaron su profesión a municipios rurales para prevenir y atender la violencia

La Paz, 7 de octubre de 2026 (DCOM-UMSA).- Más de 120 jóvenes de Derecho, Psicología y Trabajo Social pasaron desde 2019 por el programa SLIM UMSA, llevando sus conocimientos a municipios rurales para fortalecer los Servicios Legales Integrales Municipales, que no siempre cuentan con todos los profesionales que necesitan. Su trabajo no queda en las oficinas, también llegan a comunidades alejadas y escuelas para prevenir la violencia. En algunos lugares, hacerlo significa caminar durante horas o incluso recurrir a bicicletas.

En las áreas rurales, la violencia contra las mujeres convive con barreras que dificultan pedir ayuda. Elizabeth Guzmán, coordinadora general del SLIM UMSA, cuenta que todavía encuentran mujeres que desconocen que existe un SLIM en su municipio y otras que llegan a los servicios de salud con signos de violencia, pero atribuyen sus lesiones a una caída o un accidente. En algunas comunidades también identificaron situaciones de control de pareja que limitan incluso el acceso de las mujeres a una consulta médica.

“Es triste ver a las mujeres sometidas. Algunas no quieren denunciar o no lo hacen porque ni siquiera saben que hay un SLIM en su municipio. Por eso necesitamos reforzar estos servicios, llegar con nuestros estudiantes egresados, informar a la población y hacer prevención. Ese es el propósito de nuestro programa”, señala Guzmán.

El SLIM UMSA comenzó en 2019 como una experiencia piloto con apoyo de la Cooperación de Suiza y ejecutado por Swisscontact Bolivia, y las carreras de Derecho, Psicología y Trabajo Social. Los municipios solicitan el apoyo según sus necesidades y la UMSA convoca a egresados que realizan durante ocho meses su trabajo dirigido como modalidad de titulación. Antes de partir reciben capacitación especializada para incorporarse a los equipos municipales y trabajar en atención y prevención de la violencia. 

Una huella que permanece

En estos años, el programa tuvo presencia física en más de 30 municipios y varios de sus jóvenes posteriormente fueron contratados como profesionales. En Tiwanaku, donde el SLIM municipal contaba solo con un abogado, la UMSA completó el equipo con Psicología y Trabajo Social y, tras la experiencia, el municipio los contrató como su propio equipo multidisciplinario. 

En Achocalla comenzaron con un equipo multidisciplinario de estudiantes y ahora solicitan tres, mientras que desde Ixiamas acudieron recientemente a la universidad en busca de profesionales y contrataron a uno de Psicología y otro de Derecho que habían pasado por el programa. “Los municipios nos piden profesionales, porque esa experiencia es reconocida”, destaca Guzmán.

Llegar hasta donde se necesita también implica un esfuerzo económico. En Santiago de Huata, por ejemplo, estudiantes caminan horas o llegan en bicicleta a comunidades y escuelas alejadas para realizar acciones de prevención. Los municipios otorgan a los egresados un estipendio para transporte y alimentación y, en lugares alejados, pueden facilitar vivienda. A ello se suma la posibilidad de acceder a una beca de la UMSA, apoyo que Guzmán destaca fue gestionado con el respaldo de la rectora María Eugenia García, Ph.D.

Con los años, las necesidades encontradas en territorio hicieron que al programa se sumaran Medicina, Informática y Comunicación Social. Así, lo que comenzó con tres carreras fue creciendo junto a los municipios. Y los jóvenes también crecieron con la experiencia, porque fuera del aula descubren que su profesión puede orientar a una mujer, acercarle ayuda o hacerle saber que no está sola.

Marca de agua UMSA

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¿Qué hacemos con los bloqueos? Más de 100 estudiantes de la UMSA entran al debate con alternativas contra el perjuicio

La Paz, 17 de junio de 2026 (DCOM-UMSA).- ¿Protestas por redes sociales? ¿Concentraciones frente a las instituciones responsables de resolver un problema? Más de 100 estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) decidieron explorar estas y otras alternativas para entrar a un debate cada vez más presente en el país sobre cómo ejercer el derecho a la protesta sin afectar a personas ajenas a un conflicto.

La iniciativa es impulsada por Admi Consultores, una empresa filantrópica de formación práctica de la carrera, donde estudiantes y el docente trabajan hace varios años en el análisis de problemas que afectan al país. Uno de ellos son las marchas y bloqueos, tema sobre el que desarrollaron una propuesta que llegó incluso a la Cámara de Diputados y que motivó a realizar un foro debate con organizaciones sociales.

“Hay derecho a protestar, claro que sí, pero protestar no significa bloquear”, señaló Carlos Vidaurre, docente de la carrera e impulsor de la iniciativa, a tiempo de explicar que la propuesta busca abrir una reflexión sobre cómo compatibilizar el derecho a la protesta con otros derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, como la libre circulación de las personas.

Detalló que se plantean 21 alternativas que buscan reducir los perjuicios económicos y sociales que generan los bloqueos. Entre las opciones más viables están las campañas de protesta mediante redes sociales, mecanismos de diálogo con plazos definidos para la atención de demandas, protestas focalizadas frente a las instituciones involucradas y movilizaciones en filas únicas que permitan mantener la circulación de peatones y vehículos.

Yeremi Quispe, uno de los estudiantes participantes, considera que las nuevas generaciones pueden contribuir con ideas que compatibilicen distintos derechos. “Me parece importante proponer en vez de solo criticar. Las redes sociales nos permiten realizar transmisiones en vivo, difundir información y organizar acciones colectivas para visibilizar problemas sin afectar a terceros. Hay que promover más estos espacios”.

Más allá de que exista acuerdo o no con cada una de las alternativas planteadas, el trabajo desarrollado por estudiantes y docentes de la UMSA pone sobre la mesa una pregunta que hoy resuena en mercados, carreteras, zonas y hogares bolivianos: ¿es posible hacer escuchar una demanda legítima sin que el costo termine recayendo sobre quienes no forman parte del conflicto?

 

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