Desde  2018, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) encara  53 procesos por títulos falsos en el sector público y privado. Si bien hay una norma que instruye la auditoría de estos documentos en todas las entidades del Estado, no hay control para  quienes ejercen una profesión de forma independiente.

“De la gestión pasada (2018) tenemos unos 40 procesos en curso y este año, a medida que han ido llegando las certificaciones, se han abierto por lo menos 12 o más”, señaló la jefa  del área jurídica de la UMSA, María del Carmen Villanueva.

El pasado 20 de mayo, la casa  de estudios superiores y el  Ministerio de Defensa denunciaron que 11 funcionarios de esta cartera habían usado títulos falsos para ser contratados.

Sin dar un número,  la  asesora legal de la UMSA, Lourdes Alba, dijo que durante los primeros cinco meses del año hubo casos similares en los ministerios de  Educación y de Gobierno, en la estatal Quipus, en   la Alcaldía de La Paz, en la Escuela Militar de Ingeniera (EMI) y en el  Instituto Americano.

La UMSA  es la entidad encargada de verificar los títulos.

Un caso que  llamó la atención de las autoridades y de la población fue el de un médico neurocirujano que  sin un título profesional  trabajaba en la Organización Panamericana de la Salud y dictaba clases como invitado en una universidad. Dos años antes, el Colegio de Abogados encontró  15  afiliados con documentos fraguados.

Villanueva explicó que los casos van en incremento  y  las solicitudes de verificación llegan a diario. Recordó que en 2015  el  Ministerio de  Transparencia instruyó a las instituciones  públicas que auditen los títulos académicos de su personal como una medida para la lucha contra la corrupción.

El comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Sergio Bustillos, dijo que la Policía está en constante coordinación con el Ministerio Público  para la atención de estos casos.  

Títulos antiguos sin rastro

El jueves pasado la Policía procedió a la  aprehensión de dos personas por ejercicio indebido de la profesión con un documento falsificado. Uno de ellos trabajaba  en cargo gerencial de Cotel. La otra persona ejercía como psicóloga    en una ONG; con este caso suman 53 los procesos.

Pese a que  estos casos cada vez son más frecuentes, las investigaciones no han logrado dar con el origen de las certificaciones fraguadas. La antigüedad es uno de los factores que impiden seguirles el rastro.

 “No hemos trabajado en ese sentido porque la obtención de los documentos y su presentación es de hace demasiado tiempo. Por ejemplo, en el caso del funcionario de Cotel son aproximadamente 15 años, mientras que en el caso de la psicóloga detenida en una ONG es de 2014”, manifestó el  jefe de la División de Corrupción Pública de la fuerza anticrimen de La Paz,  Luis Fernando Guarachi.

La psicóloga detenida por tener título falso.

Explicó que en el caso de los funcionarios del Ministerio de Defensa incluso hay títulos usados   desde 1997. “Son más de 20 años atrás”, afirmó.

“De los últimos casos aún no tenemos las declaraciones y no sabemos cómo los consiguieron. Pero son antiguos”, reiteró.

La jefa del área legal de la UMSA señaló que aunque ya llevan años acompañando estos procesos, no  identifican si hay un mercado de títulos falsos o quién realiza las adulteraciones. “Un tramitador”, es la única respuesta que dan los acusados.

“Durante la investigación de estos casos no hemos podido dar con la procedencia de estos documentos. Tampoco hemos establecido si existe gente que se dedica a la falsificación de sellos, del  material con el que se hacen los títulos o cómo copian las medidas de seguridad. Generalmente, en las declaraciones las personas acusadas señalan que han dado dinero a un tramitador y éste  realizó todo el proceso. Pero nunca hemos podido identificar a algún tramitador”.

 Al final sólo queda la UMSA                         

“La denuncia es una tarea que se debe  hacer de manera conjunta entre ambas instituciones hasta obtener una sentencia condenatoria favorable. Lamentablemente, la mayor parte de las veces la víctima principal abandona el proceso y  la UMSA la sigue sola”, dijo Villanueva.

Cuando la universidad identifica un documento falso, emite una nota en la que da a conocer a la entidad que solicitó  la verificación que se ha cometido un delito. En el documento también   le hacen conocer  a la institución que -de forma obligatoria- debe denunciarlo  ante el Ministerio Público.

 “Como el hecho ocurrió dentro de esta institución, porque ahí es donde se presentó  el título falso para obtener un cargo, es ella la que debe constituirse como la víctima principal.  Cumplido esto de forma inmediata debe poner en conocimiento a la UMSA para que también nos constituyamos como  víctima dentro del mismo caso. No podemos abrir dos procesos por el mismo ilícito”, explicó.

Este abandono se da incluso en casos de funcionarios públicos donde al haber recibido una remuneración mensual por la presentación del documento, se puede constituir en un daño económico al Estado. Muchas de la entidades  lo solucionan con un proceso sumarial interno que no corresponde al hecho.

Villanueva explicó que la época en la que se tenía mejores resultados fue cuando había el seguimiento del exministerio de Transparencia, porque seguía de cerca a las instituciones.

“Pero desde que se convirtió en  viceministerio y se modificó la ley de lucha contra la corrupción, esta labor ha sido delegada a la unidad de transparencia de cada institución”, manifestó.

Proceso  de revisión

Inicio Las entidades solicitan la verificación a las universidades públicas y privadas. En el caso de la UMSA, estas peticiones son cotidianas. A veces  llegan sólo las listas del personal  y las copias de los  documentos que se quiere verificar.

Verificación Los títulos son enviados a   la división de documentos y archivo para ser comparados con  la base de datos y la  documentación guardada por años. Una vez terminado este proceso, se emite una nota formal sobre si el documento es falso o auténtico.

Denuncia En caso de haber falsificación, se da aviso a la institución y se le conmina a hacer una denuncia formal. La querella es apoyada por la Universidad Mayor de San Andrés.

Sentencia La pena máxima en estos casos es de tres años de privación de libertad.

Nadie controla a los independientes

El Decreto Supremo 214, que aprueba la política nacional de transparencia  contra la corrupción, instruye a las entidades públicas a verificar los títulos profesionales de su personal de forma obligatoria y periódica. Sin embargo, no hay una norma similar para el sector privado y para quienes ejercen una profesión de forma independiente. En estos casos no hay quién exija un control.

“En el sector independiente  hemos perdido el control. Nadie exige la presentación del documento con el que ciertas personas  hacen    ejercicio de una profesión y tampoco se hace su verificación”, manifestó la jefa  del área jurídica de la UMSA, María del Carmen Villanueva.

En La Paz hay varias zonas en las que se concentran consultorios de distintos servicios profesionales, desde médicos y arquitectos hasta abogados y contadores. Aunque muchas veces tienen el título expuesto, no hay una medida de seguridad que pueda identificarlo como falso o auténtico. Incluso al estar enmarcado es difícil verlos a detalle.

En  los controles de consultorios médicos tampoco se  pide una verificación de los documentos. Sólo se pide licencia de funcionamiento.

“Sería bueno que se hagan controles  en los lugares susceptibles a la demostración de la idoneidad profesional. Pero no hay ninguna norma que se refiera a este sector. Si no fuera porque el Gobierno  aprobó el Decreto Supremo 20014 tampoco tendríamos control en el sector público”.

Polémica  por títulos

Desde  2013, varios casos de títulos falsos han copado los titulares de los noticieros. Los aprendidos fueron desde médicos y abogados  hasta los involucrados en el caso Zapata.

2013 En Cochabamba la  Universidad Técnica Privada Cosmos (Unitepc) denunció que 15 personas de nacionalidad brasileña usaban títulos falsificados de medicina con el sello de esa casa de estudios superiores.

2016 Durante las investigaciones del caso Zapata, el entonces fiscal general Ramiro Guerrero dio a conocer  que la expareja del presidente Evo Morales usaba un título de abogada falso presuntamente emitido por la UMSA.

2016 Una  revisión de  los antecedentes profesionales de los  afiliados  del  Colegio de Abogados de La Paz encontró 15 personas  que ejercían la abogacía con títulos falsos.

2018 En mayo, la Felcc arrestó a un  funcionario público  que ejercía como  ingeniero en sistemas y telecomunicaciones en una repartición estatal sin un respaldo académico.

2018 La Policía aprehendió a un hombre que ejercía como neurocirujano  con un título falso por más de 15 años. Además, trabajaba en la Organización Panamericana de la Salud e intentaba ser docente de la UMSA.

2019 En lo que va del año, la UMSA se ha constituido en parte querellante en más de 10 denuncias en los que se comprobó el uso de documentos académicos falsificados. Algunos datan de los 90.