La ciudadanía expresa su indignación por los atropellos que se cometen en su contra sin que ninguna autoridad pública salga en su defensa. Esta vez, los partidos políticos tanto oficialistas como opositores, demostraron que están afrontando las elecciones primarias haciendo trampa, llegaron al extremo de incorporar en las listas que presentaron ante el órgano electoral a personas que jamás fueron consultadas.

La gente se está enterando con sorpresa que está inscrita como militante de un partido contra su propia voluntad. Lo más grave de ésto es que falsificaron su firma. También están incluidas en esas listas truchas nombre de personas que ya fallecieron, implica que ni los muertos se salvan de ser utilizados con fines delictivos por los políticos. Lo indignante del caso, es la reacción del tribunal supremo electoral, cuyos miembros se lavan las manos y se niegan a asumir una decisión institucional, deslindan responsabilidades y le echan la culpa a los partidos.

Lo que no entienden las autoridades del tribunal supremo electoral, es que ellos tienen la obligación ineludible de promover la inmediata acción penal contra los autores materiales e intelectuales de estos atropellos cometidos contra ciudadanos honestos que ahora figuran como militantes de partidos contra su propia voluntad. Quien debe proteger a las víctimas de este atropello?.

No es admisible que se re victimice al ciudadano, diciéndole que si quiere puede tramitar su desafiliación o exclusión y que dicho trámite es personalísimo, por tanto la gente debe dejar de trabajar y someterse a la burocracia estatal para corregir un atropello del que fue víctima, perdiendo su valioso tiempo. El tribunal supremo electoral debe entender que en este caso se cometieron por lo menos tres delitos: falsedad ideológica, falsedad material y uso de instrumento falsificado, se trata de delitos de orden público y la demanda del órgano electoral ya debió presentarse ante la fiscalía, contra los autores materiales e intelectuales de estos hechos. Asimismo, habiendo quedado demostrado que todos los partidos intervinientes en estas forzadas elecciones primarias, incurrieron en fraude electoral, corresponde la anulación de las elecciones primarias.
Condeno la actitud mediocre de los miembros del tribunal supremo electoral, de absoluta subordinación al gobierno del más, rehuyendo su propia responsabilidad institucional.

Si no están en condiciones de garantizar un proceso electoral transparente, bajo principios de idoneidad, apego a la constitución y sobre todo imparcialidad, renuncien a sus cargos.
Frente a semejantes pruebas y vicios de nulidad, las elecciones primarias deben ser anuladas y encarcelados los políticos tramposos que presentaron listas truchas..

Waldo Albarracín

Viernes, 23 de noviembre de 2018